Contra viento y marea

Por José Luis Toso - jtoso@losandes.com.ar

Desde hace varias semanas a Francisco Pérez le vienen sugiriendo, dentro del oficialismo, una mayor apertura al diálogo interno y, fundamentalmente, a la creación de un ámbito de discusión política para consensuar estrategias y mantener un mismo discurso.

Con los intendentes propios, que de alguna manera le habían expresado al mandatario provincial su desconcierto por el mayor acercamiento a los jefes departamentales de la oposición y por contradicciones del propio Gobernador con algunos de sus colaboradores, una reunión que tuvieron concluyó con un pedido del jefe del Ejecutivo para, entre otras cosas, que de minería en lo posible no hubieran más apreciaciones públicas y que aquel intendente que pretenda fomentar dicha actividad primero logre el suficiente consenso social en su departamento. Se produjo un prudente silencio a partir de entonces.

Ahora Pérez tuvo un encuentro con los legisladores de su partido, además de sus colaboradores, para pedir que todos se encolumnen detrás de él y que haya una mayor consulta entre el Ejecutivo y la Legislatura a la hora de aprobar leyes trascendentes.

El disparador en este caso fue la sanción unánime que tuvo, el miércoles, la ley de ampliación de la reserva natural del Manzano Histórico, que en la práctica, y más aún en este momento tan especial, constituye un llamado de atención muy fuerte para los sectores que propician la inversión minera a cielo abierto.

Ese aval sin fisuras entre los sectores partidarios y la presencia de algún intendente del PJ en el recinto legislativo seguramente fueron los aspectos que más sorprendieron y molestaron a Pérez. Nadie le habría anticipado lo que se iba a debatir y sancionar.

En principio, la aprobación legislativa parece ir en absoluta sintonía con la decisión del gobierno provincial de congelar todo proyecto minero a excepción de los que ya están encaminados.

Pero la contradicción surgió en el mismo momento en que el Gobernador apareció junto a De Vido y los mandatarios de otras nueve provincias para sellar la creación de un nuevo ente, la Organización Federal de Estados Mineros.

Como la recientemente relanzada Ofephi (la organización de las provincias petroleras), que no hace otra cosa que reforzar la embestida del gobierno nacional contra las petroleras privadas, en especial YPF, la ahora denominada Ofemi también responde claramente a directivas de la Nación para apuntalar la megaminería en momentos en los que la protesta ambientalista en varias provincias se hace cada vez más fuerte.

Tan contradictoria ha sido la posición de Pérez con respecto a la minería, que ya la oposición política local se animó a opinar.

Desde el bloque de senadores del radicalismo llamaron al Gobernador a abstenerse “de sumar a Mendoza a una nueva organización de provincias mineras” hasta tanto se concrete el debate “que él mismo propicia” entre los poderes institucionales y la sociedad.
 
Hasta el intendente Víctor Fayad, de muy buen trato con el poder central y con llegada al anterior gobierno de Jaque, opinó que “no se pueden cambiar las reglas de juego todos los días” y que “la decisión a favor o en contra de la minería debería ser una política de Estado”.

Con similares reparos se expresó el demócrata Jorge Difonso, quien opinó que hay contradicción entre lo que dispuso Pérez en la provincia en materia minera y su posterior participación en la reunión constitutiva de Ofemi.

Según el demócrata sancarlino, esa postura dual genera mayor desconcierto entre los empresarios del sector minero que tienen interpuestos recursos ante la Justicia provincial.

Otra diferencia de apreciación en el poder provincial surgió entre Francisco Pérez y Carlos Ciurca a raíz de la tremenda repercusión que tuvo el aumento de 100 por ciento de las dietas de los legisladores nacionales.

No hubo un choque, pero ante el apuro del Vicegobernador para salir a decir que en Mendoza ese tema de ninguna manera estaba en discusión, ni resultaba prioritario, el titular del Ejecutivo sí planteó con posterioridad la necesidad de dar la discusión sobre los sueldos de funcionarios y legisladores en la provincia y anticipó que en el curso del año enviará a la Legislatura un proyecto en tal sentido.

Para evitar roces o una sucesión de interpretaciones, Ciurca prefirió limitarse a comentar luego que la discusión de la ley de sueldos que anunció Pérez de ningún modo es prioritaria en cuanto a los tiempos para su abordaje.

El asunto es cuadrarse... La postura con respecto a la política minera de la Casa Rosada y las reacciones posteriores con funcionarios, intendentes y legisladores locales, sirven como ejemplo de cómo Pérez está encolumnado, contra viento y marea, con el kirchnerismo a nivel nacional y de cómo pretende que en Mendoza suceda lo mismo con su conducción.

El Gobernador no quiere fisuras de ningún tipo en una tropa que, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso Nacional, no tiene mayoría propia en ninguna de las dos Cámaras de la Legislatura.

Hasta ahora, en general, los bloques opositores, en especial el radicalismo, que es la virtual primera minoría parlamentaria, se han mostrado prudentes y respetuosos de las acciones que encara el Gobierno.
 
Es que como siempre ocurre cuando comienza una gestión, la iniciativa política la debe tener el Ejecutivo, que debe saber aprovechar dicha ventaja. Ésa es la jugada que esperan Cornejo y otros radicales en este tiempo de gracia para que la nueva gestión se acomode. 

Por otra parte, también puede existir en Pérez algún temor a la siempre complicada interna del PJ mendocino que generalmente, en los últimos tiempos, siempre comienza con los intendentes y se traslada a los bloques de diputados y senadores de acuerdo al vínculo existente entre esos “caciques” territoriales y los ocupantes de las bancas. Al respecto, allegados al oficialismo sugieren que ese respaldo partidario el Gobernador lo debe afianzar “con diálogo, no enojado, a los gritos...”.

El remate de la semana, aunque con algunas ausencias de intendentes del PJ que no pasaron inadvertidas fácilmente, fue la fuerte apuesta de Pérez con el plan integral de vivienda con el que pretende saldar, al menos en parte, una materia pendiente de varios gobiernos anteriores y en el que le cabe responsabilidad por haber sido ministro de Jaque.

En este asunto puntual el Gobernador pudo movilizar a la oposición y de ella escuchar opiniones, necesidades y también algunas propuestas. El resultado, la presencia de radicales y demócratas en el acto de anuncio llevado a cabo el viernes en Guaymallén. En el caso puntual del PD, hubo voces de respaldo, como la del intendente Difonso, y otras no tan de acuerdo, como la del senador Aguinaga.

Vivienda puede convertirse en algo creíble, aplicable. Hasta puede ser la base de una posterior política de Estado que sobrepase períodos constitucionales e identificaciones partidarias. Pero para ello Pérez deberá entender que en Mendoza no se necesitan encolumnamientos sino consenso, con propios y extraños.